abril, 09 2020

Ministerio Público Federal, parlamentarios y más de 100 organizaciones se oponen a las crecientes amenazas resultantes de la pandemia de Covid-19; El gobierno de Brasil debe actuar para prevenir el genocidio
 
Por Bruno Taitson
 
Las poblaciones indígenas y tradicionales de la Amazonía, históricamente excluidas de las políticas públicas, pueden ser víctimas de un genocidio con la reciente crisis de salud, desencadenada por la propagación del nuevo coronavirus. El miedo es compartido por líderes, profesionales de la salud, fiscales federales, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.
 
La información publicada el martes (7/4) de que un adolescente de la etnía Yanomami dió positivo por Covid-19 refuerza la necesidad urgente de las acciones del Estado brasileño para contener la propagación del virus entre los pueblos originarios. Las estimaciones muestran que más de 20,000 mineros de oro están ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami. El joven infectado vive exactamente en una aldea en un área minera y los líderes indígenas locales no tienen dudas de que el virus fue llevado por los invasores.
 
Kretã Kaingang, miembro de la organización “Articulação dos Povos Indígenas do Brasil” (Apib), clasifica el nuevo virus como una amenaza sin precedentes, especialmente con un gobierno abiertamente contrario a los intereses de los pueblos originarios. "Tememos la intensificación de un genocidio que ha venido ocurriendo durante siglos y que ha empeorado con el gobierno actual", analiza.
 
El representante de Apib destaca la preocupación especial con algunos grupos más expuestos al problema. “Algunas aldeas cercanas a las zonas urbanas, a veces separadas de la ciudad apenas por un río, corren un gran riesgo, especialmente teniendo en cuenta los ancianos y los niños. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario también están sometidos a una gran vulnerabilidad”, informó Kretã Kaingang.
 
Ivaneide Bandeira, coordinadora de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, que opera en el estado de Rondônia, denuncia el aumento de las invasiones de tierras indígenas, debido a la reducción deliberada de la inspección por parte de las agencias federales, agravada por la actual crisis de salud. “El número de mineros en los territorios de Cinta Larga y Suruí está aumentando, así como el acaparamiento de tierras y la deforestación en la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Además del daño ecológico, ahora existe el riesgo de contaminar a los pueblos indígenas y desatar un verdadero genocidio de comunidades enteras”, dice, destacando la vulnerabilidad inmunológica de la mayoría de los pueblos tradicionales.
 
Según Raúl do Valle, Director de Justicia Social y Ambiental de WWF-Brasil, debe priorizarse la defensa de los territorios contra las invasiones de mineros, madereros, acaparadores de tierras y deforestadores. “Más que nunca, el gobierno brasileño tiene que actuar con decisión para eliminar a estos invasores de las tierras indígenas y las unidades de conservación. Si esta contaminación llega a pueblos remotos, por ejemplo, tendremos una situación dramática, porque estas personas no tendrán la asistencia necesaria para poder recuperarse”, evalúa.
 
Según Dione Torquato, de la coordinación del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas (CNS), el Gobierno Federal tiene la obligación de actuar para evitar una gran pérdida de vidas humanas entre las comunidades tradicionales. “Los agricultores familiares, los habitantes de la ribera, los recolectores de caucho y los pueblos indígenas están históricamente excluidos en términos de acceso a las políticas de salud pública, educación, alimentación y saneamiento. Necesitamos atención médica, campañas de concienciación, equipos de protección personal, kits de prueba y otras medidas”, dice.
 
La semana pasada, el Ministerio Público Federal presentó una recomendación solicitando medidas de emergencia para proteger a los pueblos indígenas ante la nueva crisis del coronavirus. El documento habla del "riesgo de genocidio" y recomienda un conjunto de acciones como poner a disposición camas hospitalarias, kits de pruebas, transporte de emergencia, acceso a alimentos y transferencia de recursos a municipios con presencia indígena. También requiere la vacunación inmediata de los indígenas contra la gripe, ya que tienen una mayor vulnerabilidad inmunológica.
 
El Foro Permanente para la Defensa de la Amazonía, una coalición que reúne a parlamentarios comprometidos con la agenda socioambiental, movimientos sociales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, publicó el fin de semana un manifiesto que exige al Gobierno Federal una serie de acciones de seguridad alimentaria y salud. El documento, firmado por más de 100 instituciones, requiere "medidas de emergencia para prevenir y ayudar en la lucha contra este virus en los territorios de los pueblos de la Amazonía".
 
La diputada federal Joênia Wapichana, la primera mujer indígena en la historia del Parlamento brasileño, recuerda que uno de los factores que dificultan la rápida respuesta del gobierno a la crisis actual es la retirada de la sociedad civil de los espacios de toma de decisiones. "El gobierno de Bolsonaro suprimió la participación de organizaciones en la implementación de políticas públicas al revocar los consejos de control social y suprimir los recursos para la articulación, conferencias y reuniones", dijo. La parlamentaria agrega que algunos proyectos de ley que proponen medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a la crisis del coronavirus ya fueron presentados en la Cámara.