outubro, 02 2017

Presionado por los ambientalistas, arrinconado por la opinión pública y advertido por los políticos, incluso de su base aliada, el gobierno del presidente Michel Temer no vio otro camino que desistir de la idea de exponer a proyectos de minería industrial un área del tamaño del Dinamarca, entre el Pará y el Amapá, en Amazonía: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca).
 
A partir de 26 de septiembre, está oficialmente revocado el decreto del Ministerio de Minas y Energía, que autorizó la investigación y labranza minera en la reserva, cerrada para esas actividades desde 1984.
 
Se trata de un área de bosque nativo de 47 mil kilómetros cuadrados, bien conservado, con índice de deforestación bajísimo y que aún abarca nueve áreas protegidas, siendo dos tierras indígenas y siete unidades de conservación federales y estaduales.
 
Todo ese territorio se quedaría vulnerable, una vez que el gobierno simplemente ha decidido abrir las puertas a la minería sin tener en cuenta los aspectos sociales y ambientales implicados en la decisión. Él no dio oídos a los científicos, a las ONGs o populaciones locales. Él se equivocó en todo.
 
Los primeros en alertar el gobierno y la sociedad fueran las ONGs. En fines de julio de este año, días antes del anuncio de la suspensión de Renca, el WWF-Brasil divulgó un informe anticipando la medida y advirtiendo sobre los impactos socioambientales que la apertura de la reserva podría causar en la región. El asunto ha viralizado en la prensa nacional e internacional.  
 
La campaña se ha diseminado en la sociedad. El Brasil y el mundo se han manifestado contra el gobierno. Activistas, artistas, estudiosos, gente común. Todos están en contra de Renca.
 
Dos acciones en la Justicia suspendían la medida del gobierno, una de ellas movida por el Ministerio Público. Ante la lista de cerca de un millón de firmas obtenidas por Avaaz, el presidente de la Cámara y aliado Rodrigo Maia (DEM/RJ) dijo que el gobierno tenía que “saber perder”.
 
La oposición intentó impedir la decisión y creó una comisión de investigación formada por diputados y senadores para comprender lo que estaba “tras la apertura de la Renca”. Solamente Temer no se movía.
 
El MME intentó escapar de la situación, prometiendo una “amplia discusión con toda la sociedad” para debatir el futuro de Renca en el plazo de cuatro meses. Era un artificio. Delante del insustentable, el gobierno reconsideró a principios de esta semana.
 
“Tardó para el gobierno comprender que no podrá tomar decisiones que involucren la Amazonia, las áreas protegidas o las populaciones tradicionales e indígenas sin negociar muy bien con la sociedad. Espero que la alerta sirva para despertar el gobierno. Nosotros estaremos aquí para recordarlo, si es preciso”, dijo el director ejecutivo del WWF-Brasil, Mauricio Voivodic.
 
Ya volvemos
 
A pesar del clima de conmemoración, hay motivos para desconfiar de la conversión del gobierno. En la nota oficial que ha anunciado la decisión de retroceder con respecto a Renca, el Ministerio de Minas y Energía dejó entre líneas el mensaje de que el retroceso del gobierno es estratégico.
 
Al informar que volvería un paso, el gobierno dio la clave cuando dijo “las razones que han llevado a proponer la extinción de la reserva permanecen presentes. El país necesita crecer y generar empleos, atraer inversiones para el sector mineral, incluso para explotar el potencial económico de la región”.
 
Pero esa noción de economía que el gobierno demuestra tener sobre la Amazonia no cabe en la complexidad de la región.
 
“La Amazonia necesita mucho más que proyectos y obras dispersos, desconectados y que generan deforestación y degradación social. Eso no conducirá la región a un futuro sostenible”, afirma Jaime Gesisky, experto en Políticas Públicas del WWF-Brasil.
 
Según él, la región necesita un planeamiento complejo que tenga en cuenta su increíble biodiversidad, los servicios ambientales esenciales para el planeta y la perspectiva de las populaciones locales. “De lo contrario, estaremos en la agenda del siglo pasado”.